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15 de junio de 2020

Divergencias y cautela de los intendentes frente al caso Vicentin

La intervención del Estado nacional para revertir la situación de la cerealera en quiebra dividió las aguas en el territorio santafesino.

00:00 hs - Lunes 15 de Junio de 2020

Numerosas ciudades santafesinas se sumaron a las expresiones sobre la intervención estatal a la empresa Vicentin y, poco a poco, comenzaron a surgir las voces de las autoridades que, en aguas divididas, volcaron su parecer sobre la decisión del Ejecutivo nacional de ratificar el proceso de expropiación, previa aprobación de una ley en el Congreso. A diferencia de lo ocurrido a media semana en Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, en las ciudades más pequeñas la estridencia de las bocinas de las camionetas opacó el sonar de unas pocas cacerolas. Sin embargo, las intenciones fueron las mismas: evidenciar el malestar por lo que consideran un "abuso de poder" de parte del presidente Alberto Fernández. Sin dudas, una remozada forma de manifestación de "la grieta" que continúa con el camino de la divergencia, esta vez, en torno a un tema que caló profundo en la opinión pública en todo el país.

   

 

Las manifestaciones de rechazo comenzaron con la convocatoria que el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín (frentista de la UCR y con buenas relaciones con Cambiemos), lanzó a través de las redes sociales para oponerse a la medida de la Casa Rosada, mientras que su par de Reconquista, Amadeo Vallejos (FpV), no sólo apoyó la decisión sino que ofició de anfitrión para los funcionarios nacionales que llegaron al norte santafesino para hacerse cargo de la empresa. Además, logró abrir una instancia de diálogo que derivó en la reunión de las partes, el gobernador Omar Perotti y el presidente.

En ese marco, otros intendentes y jefes comunales dejaron su impronta sobre un tema que incrementó los niveles de tensión al punto de desplazar por primera vez al Covid-19 de los títulos de las primeras planas, desde el comienzo de la pandemia.

"Vicentin es una firma familiar, más allá de sus dimensiones. La parte más fea de su historia es haber entrado en crisis, en un país en crisis, pero se están dejando 90 años de historia y de crecimiento", lamentó Escarpín y resaltó: "Existen muchas otras herramientas para ayudar a la empresa a mantener los empleos. Si esto no tiene un contenido político, no se entiende la argumentación".

En nombre del Foro de Localidades Portuarias, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo (UCR), expresó a La Capital el deseo de una acción consensuada mediante el posible aporte del sector privado o cooperativo como salida al concurso preventivo de Vicentin. Señaló que esa situación "generó intranquilidad a la sociedad, dada la importancia comercial e histórica de la firma", y que es necesario "aportar seguridad jurídica y, a la vez, garantizar el funcionamiento del puerto y molienda de Vicentin, la generación de riqueza en la región y, especialmente, los puestos de trabajo".

Su par de Cañada de Gómez, Stella Clérici (FpV), lanzó una escueta consideración: "En principio, estoy a favor de que se investigue el fraude cometido como una primera instancia para tomar decisiones ulteriores".

En la otra punta de la bota, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella (UCR), dijo: "No convalidamos la intervención estatal en la actividad privada. Consideramos que esos temas no deben concluir en una cuestión de estatizar o privatizar; más bien, pasan por lograr el control y cumplimiento de las normas".

"En este caso hay una responsabilidad enorme del gobierno anterior, evidenciada en la falta de control y endeudamiento del Banco Nación. Para resolver la situación deberíamos enfocarnos en identificar personas que paguen con penas y sanciones, no apelar directamente a la expropiación", observó.

"Tampoco revalidamos que el Estado participe de empresas privadas. No resulta competitivo y correspondería dejarlo en manos del privado. Sí debe controlar, generar las normas, ejecutarlas y garantizar su cumplimiento", concluyó Chiarella.

Su par de Firmat, Leonel Maximino (FPCyS-UCR), enfatizó: "No es cierto que la intervención garantice la soberanía alimentaria ni que ese sea el camino que nos lleve a Venezuela. Ni una cosa ni la otra, aquí lo más importante es seguir preservando la institucionalidad del país".

"Hay un concurso de acreedores de por medio, por lo que es importante que siga actuando la Justicia para ver cuál es el camino a seguir", destacó. Luego valoró la convocatoria del presidente a Perotti y al CEO de Vicentin "para buscar una salida favorable, que no sólo garantice la continuidad de la empresa sino también las fuentes laborales y poder asumir los compromisos con productores, acreedores y distintas cooperativas".

El intendente de Casilda, Andrés Golosetti (FpV), celebró la fase de diálogo, aunque prefirió no hacer mayores valoraciones al respecto. Sí destacó la importancia que tiene la empresa para el sector agropecuario: "Productores de la ciudad y la región tienen una fuerte presencia, razón por la cual es fundamental encontrar una salida superadora".

Para su par de Las Rosas, Javier Meyer (Unidad Rosense-Cambiemos), "las cuestiones de propiedad privada se deben resolver en el ámbito privado y de la Justicia".

"En todos los distritos hay empresas con deudas fiscales, pero la ley prevé los mecanismos para resolver esos conflictos. Además, el Estado tendría que investigar y establecer responsabilidades sobre quién prestó el dinero cuando no existían los avales suficientes. Sobre todo, saber qué ocurrió, a dónde fue el dinero, quién lo fugó y cuáles fueron las maniobras financieras que perjudicaron a la empresa, un tema de absoluta incumbencia de la Justicia", indicó.

Para Jorge Berti (FpV), de Villa Constitución, "la intervención obedece a la necesidad de ayudar a una empresa que está en quiebra, con el peligro de perder una gran cantidad de puestos de trabajo y muchos productores rurales que no tienen la posibilidad de cobrar el trabajo que ya realizaron".

"Lo que planteó el gobernador en Olivos tiene que ver con algunas alternativas bajo análisis, y eso ya significa un paso adelante. Seguramente habrá propuestas superadoras que servirán para sostener los puestos de trabajo y afrontar el pago a los acreedores", afirmó.

El jefe comunal de Chabás, Lucas Lesgart (FPCyS), si bien dijo no tener una posición tomada, sostuvo: "Bienvenido sea si la intervención de Vicentin asegura estabilidad laboral para las 7 mil familias que dependen de la empresa". Pero fue cauteloso sobre las perspectivas futuras de la compañía en caso de ser expropiada.

"Si la empresa queda en manos del Estado y termina siendo utilizada para poner personal por razones o favores políticos, lo cual no significa que ocurra, correría riesgo de convertirse en inviable y las consecuencias la terminaría pagando el pueblo", dijo.

 

fuente: la capital

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