La fuerte recesión económica que atraviesa el país impacta en la industria de manera preocupante, con números que encienden la alarma y que también tienen su correlato en Rosario. Según los últimos números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a nivel nacional el sector cayó en enero 10,8 por ciento interanual en todos los rubros y la utilización de la capacidad instalada se desplomó hasta el 56,2 por ciento. En Santa Fe, en tanto, en el primer mes del año la actividad industrial se retrajo 16 por ciento, según un informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), que relevó bajas en las veinte principales actividades del sector. Entre las de mayor caída respecto de enero de 2018 figuraron la maquinaria agropecuaria, carrocerías y remolques, y vehículos automotores.

Ante este panorama, muchas empresas recurren a una herramienta del Estado que se denomina Procedimiento Preventivo de Crisis, que se activa cuando la firma corre peligro de cerrar por razones económicas o de fuerza mayor y se ponen en riesgo las fuentes de trabajo. Se trata de un proceso de negociación en el que participan los empleadores, el Estado (en este caso provincial) y el sindicato del sector para acordar qué medidas (reducción de jornada, vacaciones adelantadas o forzosas, o reestructuración salarial de los trabajadores) pueden tomarse para evitar que el establecimiento baje la persiana y se pierdan puestos laborales. A cambio, los empresarios se comprometen a no realizar despidos por el lapso que dure el proceso.

Los PPC pueden firmarse con acuerdo,cuando las medidas propuestas por los empleadores para mantener la empresa funcionando son aceptadas por el sindicato; o sin acuerdo, cuando son sancionadas sin aval del gremio. Mientras tanto, se encuentran en trámite, que significa que todavía no hubo una resolución y se sigue en período de audiencia, es decir que la firma no cerró, pero todavía no acordó el comienzo de la medida.

Cada vez más

Según datos del Ministerio de Trabajo provincial, en la regional Rosario (comprende la ciudad y el sur provincial), en el mes de febrero de 2019 se tramitaron 161 Procedimientos Preventivos de Crisis, entre pedidos nuevos y extensiones de otros ya acordados con anterioridad. En lo que va del año se iniciaron 24 PPC nuevos, hay 56 prorrogas de expedientes que se habían iniciado años anteriores y 81 empresas pidieron la apertura de PPC durante los últimos meses de 2018 y están próximos a entrar en efecto. El total de trabajadores comprendidos es de 15.700 aproximadamente. Las actividades más afectadas son la metalúrgica, el comercio y la gastronómica, pero también hay empresas ligadas a la industria frigorífica, la sanidad y el calzado en la nómina.

Para tener un punto de comparación, en el mismo mes de 2018 el ministerio tramitaba un total de 108 PPC, con cuatro presentaciones nuevas, 81 prórrogas de años anteriores y 23 pedidos de apertura que habían ocurrido durante los últimos meses de 2017 y continuaban vigentes. El total de trabajadores comprendidos en los 108 PPC era de alrededor del 10.600, y las actividades más afectadas eran en ese momento la metalúrgica, la gastronómica y el calzado. Esto significa que en la actualidad hay un 50 por ciento más de pedidos de Procedimientos Preventivos de Crisis que hace un año.

Oscuro panorama

La tendencia es creciente en los últimos dos años: en 2017 fueron 194 empresas las que pidieron PPC, lo que representaba a unos 13 mil trabajadores; mientras que 2018 cerró con un total de 284 pedidos(22 mil obreros). Un aumento del 46 por ciento.

Para el ministro Julio Genesini, esto se explica por la evolución de la situación económica: "Se agravó lo que empezó en abril-mayo del año pasado con la devaluación, que configuró un escenario recesivo y eso impactó sobre las empresas y el empleo. Tenemos caída de empleo registrado incluso en el cuarto trimestre, una época del año en la que suele repuntar", señaló.

En general, apuntó el ministro, las empresas que ingresan al PCC "logran acuerdos y se sostienen". La extensión suele variar, por lo general, entre uno y dos años. Esta semana hubo un caso exitoso del a aceitera Buyatti, que había tramitado el proceso en marzo de 2018, con múltiples problemas, y pudo salir. "Esto demuestra que mientras la actividad se sostenga y los trabajadores sigan vinculados a la empresa, hay posibilidades de que se estabilice, tenga una salida o alguien la compre", aseguró.

Según Genesini, en la mayoría de los casos se logran evitar los despidos. Pero el panorama actual imprime otra incertidumbre: "Hemos tenido recesiones como en 2014 pero en 2015 se recuperó la economía,lo mismo entre 2016 y 2017. Había reactivación y una perspectiva de salida. Pero ahora venimos de un año de caída de la actividad, y todos los pronósticos indican que 2019 también será de retracción. Entonces entramos en un escenario incierto respecto al empleo", indicó el funcionario.