El presidente Mauricio Macri dijo que “ya no queremos un Estado socio del narcotráfico”, al que definió como “un negocio que creció durante años, a espaldas de un Estado que no hizo nada para pararlo”.

Macri también ratificó que la lucha contra el tráfico de drogas es uno “de los principales objetivos” de su gobierno, y la caracterizó como “una política de Estado”, al hablar en el CCK durante la inauguración de la Jornada “Argentina sin narcotráfico”, ante la presencia del titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, más de 100 jueces federales de todo el país, integrantes del gabinete nacional, gobernadores provinciales y legisladores de distintas bancadas. Entre ellos, el gobernador santafesino Miguel Lifschitz y el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez.

En el encuentro se presentó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal, que prevé especializar y ampliar el despliegue territorial, aumentando la cantidad de jueces y fiscales en los lugares más críticos del país como Rosario, ciudades del noroeste y noreste y la provincia de Buenos Aires. La iniciativa prevé crear 94 cargos de jueces en todo el país y 85 nuevas fiscalías dedicadas exclusivamente a las investigaciones de delitos de narcotráfico; el refuerzo del número de efectivos de las fuerzas de seguridad en las fronteras; nuevas metodologías de procesamiento penal y el aporte de la Corte Suprema para avanzar con las causas que involucran a traficantes de droga.

Al destacar lo que se ha hecho en materia de lucha contra el narcotráfico desde 2015, el presidente señaló que “los operativos de las Fuerzas Federales aumentaron, y eso permitió que haya un 40 por ciento más de detenidos y que se incautara casi un mil por ciento más de drogas sintéticas, además de cocaína y marihuana. Todo esto significa menos drogas circulando y dañando a nuestros jóvenes, pero todos sabemos que todavía falta mucho por hacer”, expresó, al convocar a seguir trabajando “porque tenemos con qué” dar esa pelea.

Compromiso

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, calificó al encuentro como “muy importante”, toda vez que “se analizará todo lo hecho en estos dos años”, y dijo que se trata “de un compromiso de todo el poder político, del Presidente, los ministros, los gobernadores para respaldar la labor que desarrollan los jueces, quienes muchas veces ponen en riesgo sus vidas”.

Precisó que “uno de los puntos cruciales” del proyecto de ley es “el desdoblamiento de los juzgados federales y la creación de juzgados federales exclusivos en materia penal, especialmente en la zona de frontera”, y que si bien “esto tiene un impacto presupuestario, es muy menor, porque se desdoblan los juzgados sobre los ya existentes, las secretarías ya en funcionamiento”.

Garavano estimó al respecto que “se debe aprobar la ley, hay que hacer los concursos para seleccionar los jueces y recién ahí va a entrar en funciones”, y estimó que el proceso total debería durar entre uno y dos años, por eso “hay que hacerlo ahora, ya que la historia demuestra que desde que se crea un juzgado hasta que se pone en funcionamiento se demoran entre cinco y siete años”.

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich expresó que “este plan fue pensado hace dos años, pensando en ir generando un mayor compromiso de las provincias”, y señaló que en la actualidad “prácticamente todas las provincias tienen comandos operativos conjuntos de las fuerzas federales y provinciales, las que trabajan en equipo”.

“Esto es ahora una manera de ir trabajando y profundizando con la Justicia, y la decisión e ampliar la capacidad judicial es enormemente importante, es en el NEA y en el NOA donde se decomisan la mayor cantidad de droga, y ahí hay juzgados que tienen entre 14.000 y 15.000 causas”, completó. 

fuente: el litoral