Un funcionario actual del Ministerio de Seguridad y una ex funcionaria de la misma cartera durante la gestión de Antonio Bonfatti ganaron los concursos respectivos para ocupar cargos en el Organismo de Investigación Judicial. Las propuestas fueron enviadas la semana pasada desde la Corte al Ministerio de Justicia de la provincia, que ahora deberá refrendarlas y elevarlas al gobernador para la firma del correspondiente decreto de designación. Se trata de Rolando Galfrascoli, actual subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales; y de Débora Cotichini, ex subsecretaria de Asuntos Penales durante la administración anterior. Cotichini había sido separada de su cargo por Antonio Bonfatti, después del escándalo suscitado con las conmutaciones de penas, que terminaron beneficiando a los responsables de un doble crimen cometido en Rincón (el homicidio del comerciante Rubén Mattioli y su hijo). Los concursos habían sido convocados por el Ministerio Público de la Acusación. Según la resolución Nro. 257 del 3 de agosto firmada por el fiscal general Jorge Baclini, Galfrascoli será propuesto como Jefe del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Norte del Organismo de Investigaciones. En tanto que Cotichini, fue propuesta mediante resolución Nro. 215 del 29 de junio para el mismo cargo, Zona Sur. Observaciones Las posibles designaciones generaron cuestionamientos en el ámbito legislativo. El diputado justicialista Leandro Busatto consideró que “no son convenientes porque desnaturalizan el objeto por el cual el Organismo de Investigación Judicial fue creado”. Consultado por El Litoral, interpretó que nombrar a ex o actuales funcionarios en cargos clave para investigar “puede generar problemas a futuro, además de ser un hecho poco claro en aras a la transparencia”. Busatto aclaró que no le reprocha al Poder Ejecutivo los propuestos porque, de hecho, el concurso fue convocado por el MPA, pero sí le reclamó al gobernador un “mecanismo de autolimitación” que pueda instrumentarse a futuro. “No puedo en esto responsabilizar al gobierno porque la decisión fue del MPA, pero creo que el Poder Ejecutivo sí debería diseñar un mecanismo de autolimitación para que funcionarios actuales o ex funcionarios vinculados con la gestión y sobre todo al Ministerio de Seguridad, no puedan ocupar un lugar para investigar a la propia policía o a los organismo públicos”, planteó. Y recordó que “cuando pensamos el organismo de Investigación, pensamos básicamente en un organismo transparente que pudiera generar un proceso investigativo, despojado de los vestigios de la policía que ha sido sospechada muchas veces; también de la política que muchas veces presiona y se resiste a generar procesos abiertos de investigación, y en definitiva, de cualquier vinculación que pueda entorpecer la investigación”. Idóneos Finalmente, Busatto dejó fuera de discusión la capacidad técnica e idoneidad de los propuestos (Galfrascoli y Cotichini), pero insistió en la necesidad de modificar el sistema hacia adelante. “No dudo de las características personales de los aspirantes; probablemente reúnan todos los requisitos técnicos y la idoneidad no está en tela de juicio, pero me parece que políticamente estamos desperdiciando una gran oportunidad”, expresó. “Lo que pedimos -insistió- es que el gobernador revise profundamente esta situación porque ya hubo otros casos. Éste (el socialista) es un gobierno que tiene tendencia a generar procesos de encierre en sí mismo y de poca apertura a la transparencia. Por eso no estuvimos de acuerdo con que el ex ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, fuese propuesto como Defensor del Pueblo; ni con que María Cecilia Vranicich, ex funcionaria del Ministerio de Justicia, sea nombrada como la Auditora de los fiscales. Ahora se da la misma situación con Galfrascoli, que es funcionario del Ministerio de Seguridad”, alertó.