En una extensa resolución de 45 páginas, Mascali admitió el recurso de inconstitucionalidad y lo derivó a la Corte Suprema “a pesar de las múltiples y plurales inconsistencias contenidas al presentar la impugnación, que ameritaría disponer que no se ha franqueado la instancia excepcional”.

Para el magistrado es contradictorio que Traferri peticione como “parte interesada que considera vulnerados sus derechos constitucionales”, cuando “no quiso presentarse a estar a derecho, a sabiendas que no podría coaccionárselo para tal acto”.

A comienzos de julio Mascali tomó una decisión que generó un tembladeral: declaró inconstitucional, para el caso de Traferri, el artículo 51 de la Constitución provincial -que establece que sin desafuero de la Legislatura un legislador no puede ser sometido a proceso penal- por considerarlo en contradicción con la Constitución nacional, y autorizó a Schiappa Pietra y al otro fiscal a cargo de la causa, Matías Edery, a citarlo a audiencia imputativa.

Ambos fiscales convocaron a Traferri para el lunes pasado en el Centro de Justicia Penal pero el ex intendente de San Lorenzo no se presentó. Después de la decisión que tomó ayer Mascali la visita del legislador al edificio de Sarmiento y Virasoro todavía debe escribirse en potencial.

“Hasta que no lo resuelva la Corte provincial, o incluso la nacional si llega a esa instancia, la inmunidad de proceso queda en el limbo, en el altillo de la casa donde se guardan las cosas que uno no sabe dónde poner”, graficó el abogado de Traferri, Oscar Romera.

—¿Cómo sigue la investigación? —le preguntó La Capital a Schiappa Pietra.

—Vamos a seguir avanzando y construyendo nuestro caso. Está claro respecto del senador que vamos a tener limitantes y hay medidas que no van a poder avanzar, es un menoscabo a la investigación —respondió el jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.

   

Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, los fiscales a cargo de la causa por juego clandestino

Derivaciones

Lo cierto es que la Corte Suprema santafesina tiene en sus manos la derivación de una causa de alto impacto, por la que ya cayeron dos fiscales (Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad) y sacudió todo el andamiaje institucional de la provincia. Incluso agrietó aún más al peronismo santafesino, atravesado por la pulseada a cielo abierto entre Omar Perotti y Agustín Rossi. En esa batalla el sector encabezado por Traferri está alineado con el ex ministro de Defensa.

Ahora la Corte debe decidir si admite el planteo y, si da luz verde, deberán expedirse los seis ministros -Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta, Mario Netri y Eduardo Spuler- y el procurador del máximo tribunal, Jorge Barraguirre.

   

La Corte Suprema de Santa Fe, ante un caso de alto impacto institucional

Para Romera, “lo que debería decidir la Corte es que la decisión de Mascali de declarar inconstitucional la Constitución provincial es improcedente, en virtud de la autonomía de las provincias para organizar su propio sistema de gobierno”. “Es legítimo que la provincia tenga una amplitud de fueros distinta a la nacional”, argumentó.

Por el contrario, Schiappa Pietra se mostró de acuerdo con el fallo original de Mascali. “La provincia tiene una Constitución y un Código de procedimiento que son un problema, no se pueden investigar casos de corrupción que tengan involucrados a diputados y senadores y esto es intolerable para cualquier norma constitucional”, sostuvo.

El abogado de Traferri proyectó tiempos largos. “Este año no va a haber novedades sobre el tema”, aventuró.

En cambio, Schiappa Pietra remarcó que la Corte debería “resolver cuanto antes” la cuestión. “Este es un fallo que va a marcar un antes y un después en cuanto a la calidad institucional”, señaló.

Y agregó: “La Corte tiene para resolver si va a legitimar una norma que puede poner en serio riesgo al Estado argentino, respecto del cumplimiento de las obligaciones que emergen de la suscripción de convenios internacionales contra la corrupción. Hay muchas variables políticas y macroeconómicas en juego cuando los organismos internacionales advierten que los países no cumplen las normas”.

Fuente:La Capital