Sin embargo, las leyes no entraron en vigencia porque en diciembre Perotti las vetó, y tampoco las incluyó en el temario de sesiones extraordinarias, cuando sólo pueden tratarse proyectos de ley habilitados por el Poder Ejecutivo.

A partir del 1 de mayo se abrió a quienes defienden las normas una ventana de oportunidad para revertir el rechazo del gobernador. En los hechos, ese período se cierra pasado mañana, cuando sesionarán ambas Cámaras. El artículo 59 de la Constitución santafesina establece: “La Legislatura debe pronunciarse sobre el veto del Poder Ejecutivo dentro del término de un mes de comunicado, o, en su caso, de iniciado el período ordinario de sesiones; en su defecto, se considera rechazado el proyecto”.

Además, la Carta Magna provincial dispone que se necesita una mayoría de dos tercios de los votos presentes en cada una de las Cámaras para insistir con los proyectos y que se conviertan en ley. Con asistencia perfecta, se necesitaría el acompañamiento de 13 senadores y 34 diputados.

Si se mantuvieran los mismos votos del año pasado —algo que no habría que dar por descontado, teniendo en cuenta los reacomodamientos del escenario político santafesino— los números estarían: el año pasado, ambos proyectos cosecharon 15 afirmativos en el Senado y 40 en Diputados. La iniciativa sobre incompatibilidades está en la Cámara baja y la de gastos reservados en la Cámara alta.

El abogado constitucionalista Domingo Rondina dijo a La Capital que el futuro del ex ministro en el cargo si se rechazan los vetos divide opiniones entre los expertos. “Algunos sostienen que a Sain no le pueden aplicar porque asumió antes de estas leyes, pero otros consideran que estas leyes no dicen nada nuevo y en realidad detallan incompatibilidades que ya estaban”, indicó.

En su opinión, siempre fue incompatible el cargo de Sain en el Poder Judicial con su rol en el ministerio. “No deberían haberle dado la licencia”, consideró.

En tanto, Rondina explicó que si se revierten los vetos no habrá una salida automática de Sain y la decisión final estará en manos de los integrantes de las Cámaras. “Seguramente vendrá algún planteo de incompatibilidad y será la propia Legislatura la que tendrá que decidir si se abre el proceso de remoción”, indicó.

Fuente:La Capital