La Comisión de Seguimiento del caso Vicentin y las máximas autoridades del Banco Nación (BNA), que es el principal acreedor financiero del concurso, coincidieron ayer en que la salida a la crisis de la compañía “es política” y exige el protagonismo de los gobiernos nacional y provincial para evitar el desguace, sostener los puestos de trabajo, frenar la extranjerización y lograr que la agroexportadora siga funcionando. Eso requiere, en primer lugar, el corrimiento del directorio actual y un plan de negocios sustentable que podría encuadrarse dentro de la propuesta que presentaron los acreedores granarios y fue respaldada por instituciones como la Bolsa de Comercio de Rosario.

Luego, de esa reunión, se acercaron a la Casa Rosada para pedir una audiencia con el presidente Alberto Fernández por este tema.

Rubeo aseguró que desde el BNA consideran que “la presentación, que en una primera etapa llevaron adelante los acreedores granarios, goza de viabilidad”, aunque “habría que ver cuál es la figura jurídica que se adecua”.

Casi como los doce apóstoles, los doce legisladores santafesinos que integran la comisión, son los que vienen sosteniendo desde lo político el debate público de lo que representó el default más grande de la historia de Santa Fe, luego de que tanto la Nación como la provincia se corrieran de la escena el año pasado.

La pata del Estado

“Es necesaria la participación de todos los niveles de Estado y los ejecutivos deben asumir el protagonismo”, reafirmó el legislador Carlos del Frade, también integrante de la comisión, quien aseguró que desde el Banco Nación “impulsan la participación del gobierno santafesino en el tema y esperan una posición más clara de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)”. Cabe recordar que la cooperativa es uno de los principales acreedores comerciales del concurso y fue la que logró poner en diciembre a un hombre de su confianza, Andrés Shocron, como interventor judicial de Vicentin.

“Coincidimos con las autoridades del Banco Nación en evitar la quiebra y desguace de la empresa, en defender los puestos de trabajo y en recuperar los activos del banco que son 300 millones de dólares de todos los argentinos”, dijo Rubén Giustiniani, integrante de la comisión.

Agregó que en el camino de buscar una salida a la crisis de la empresa y darle continuidad, el Banco Nación ve que “el planteo de los acreedores granarios es una posibilidad interesante, siempre teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: la participación de los gobiernos nacional y provincial y el corrimiento del directorio actual”.

Esa participación de los gobiernos aún no está definida. Giustiniani planteó que inicialmente “muchos sostuvimos la idea de una empresa pública no estatal, aunque el planteo de los acreedores granarios va por el camino de una articulación público privada”.

El rol del juez del concurso

En ese punto, será clave que el juez que lleva adelante el concurso, Fabián Lorenzini, no siga poniendo obstáculos a esta salida. “Todos coincidimos en que el concurso no se tendría que prolongar y debería terminar en septiembre con una figura de salida para todos los acreedores”, dijo Rubeo en la cual estarían contemplados los productores, banca pública liderada por el Nación pero además con la participación del Bice, Banco Ciudad de Buenos Aires y Bapro, que ahora coinciden en una propuesta.

"La propuesta de los acreedores granarios es viable siempre y cuando haya un corrimiento del actual directorio de la empresa

Planteó que aún “faltaría ver que sucede con la banca privada, los acreedores internacionales y también ACA, que desde el Banco Nación entienden estuvo bastante pasiva en todo este proceso”.

“Serán claves las decisiones de Lorenzini”, coincidió Giustiniani ya que “siempre rechazó un punto principal en esta salida que es la separación del actual directorio cuyos integrantes fueron causantes del default, el más grande de la historia de Santa Fe”.

Por su parte, Del Frade aseguró que esperan la auditoría forense que se espera para el 30 de marzo próximo que permitirán buscar las conexiones de Vicentin Saic, la concursada, con el resto de las empresas del holding. “Siempre dijimos que este es un grupo empresario”, indicó el legislador. También en la misma fecha se aguarda el informe de los síndicos.

Dijo que desde el BNA “seguirán impulsando las investigaciones penales” y hubieran deseado que el concurso se tramitara en Rosario.

En ese sentido, Giustiniani explicó que “el Banco Nación dijo que enviará una pesquisa al fiscal Gerardo Pollicita en la causa penal que presentó para evitar el vaciamiento de Vicentin y que tiene a su cargo el juez Julián Ercolini”. También “se pusieron a disposición para aportar documentación en las causas por fuga de divisas”, agregó.

“Hay una idea de que se asistió a un conjunto de medidas estafatorias por parte del directorio con apoyo estatal de los ex directivos del Banco Nación y del Banco Central”, agregó Del Frade.

Fuente:La Capital